El alza del pasaje del Metro de Santiago en 30 pesos (4 centavos de dólar) fue el inicio de un descontento social en Chile que, tras días de evasiones masivas y manifestaciones espontáneas, explotó el viernes 18 de octubre. Ese día el sistema del Metro colapsó, las protestas se multiplicaron y los saqueos e incendios se salieron de control. Esa misma noche, el Estado de Excepción Constitucional declarado por el Presidente Sebastián Piñera cerró un viernes oscuro.
El descontento social tomó las calles de Santiago por sorpresa, pero rápidamente reconocimos que el alza del pasaje destapaba la rabia, injusticia y desigualdad acumulada por las clases medias, vulnerables y pobres en un país que crece, pero que reparte mal su riqueza. Sin tener voceros ni banderas oficiales, y con manifestaciones diarias en todo el país, el pasado viernes 25 de octubre 1,2 millones de personas se reunieron en Plaza Italia, el simbólico centro de gravedad de Santiago, para exhibir la fuerza de un movimiento socialmente transversal.
A diferencia de las revoluciones estudiantiles de 2006 y 2011, las demandas actuales apuntan a cambios estructurales del sistema económico y social chileno. Como es de esperar, por genuina intriga o simple arquicentrismo, arquitectas y arquitectos nos preguntamos cuál es el aporte del diseño en el estallido social.
Ninguno, creo yo.
Me explico: hasta ahora hemos visto intervenciones físicas que responden más a una necesidad legítima de documentar y denunciar (como #PorUnHabitarDigno) que a acciones que ofrezcan respuestas a las demandas y exigencias del movimiento social. Tampoco es el momento de discutir cuáles tipologías o proyectos arquitectónicos pueden zanjar un estallido social, porque las potenciales soluciones pasan por la ciudadanía, la calle, la política, el Estado y el mercado.
En ese sentido, el diseño arquitectónico no aporta nada en este preciso momento, pero la buena noticia es que los arquitectos y arquitectas somos, primero que todo, ciudadanas y ciudadanos. Y nos podemos manifestar, denunciar, exigir, discutir, promover y votar. En eso radica nuestro valor.
¿Ha contribuido el diseño arquitectónico a la desigualdad económica? En el último tiempo la segregación urbana viene siendo activamente documentada y advertida por arquitectos, urbanistas y geógrafos. No solo por instituciones como el IEUT (Universidad Católica), el CIT (Universidad Adolfo Ibáñez), la Fundación Vivienda y el INVI (Universidad de Chile), sino también investigaciones particulares como las de Dannemann, Sotomayor-Gómez, Samaniego y advertencias claras como la de la socióloga María Emilia Tijoux. Curiosamente un mapeo de la distribución socioeconómica de Santiago, desarrollado por el geógrafo e investigador Juan Correa Parra para Fundación Vivienda, sirvió como cartel en la masiva marcha del 25 de octubre.
El valor del suelo precisamente es un reproductor de la desigualdad en Santiago y la actual distribución de servicios y equipamientos lo amplifica, pero esto puede ser atribuido a sistemáticas estrategias, herramientas e instrumentos de políticas públicas y el actuar del mercado, no al diseño final de un edificio. Si no diseñáramos esos proyectos, ¿desaparecería la segregación o, al menos, la demanda? La idea de un gremio monolítico, unificado y alineado que se niegue tajantemente a absorber esas demandas es un pensamiento mágico desconectado de lo que realmente sucede en sociedades neoliberales y especialmente en una profesión tan precarizada como la arquitectura. La respuesta no está ahí.
De seguro, el anuncio de departamentos de 18 metros cuadrados en el centro de Santiago —nanodepartamentos— exacerbó en septiembre pasado el hastío de una clase media mientras la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reconocía en un informe que "adquirir una vivienda en Chile es “severamente no alcanzable”, meses después de advertir que esta crisis habitacional podría "escalar a nivel social". Sin embargo, el problema de los nanodepartamentos es mucho más que un tema de diseño: optar por un crédito hipotecario para esos 18 metros cuadrados exige al menos un ingreso mensual de 1.150 dólares y, según la Fundación Sol, solo el 11,9% de los y las trabajadoras en Chile podría hacerlo. ¿Creen capaz a la arquitectura de revertir ese escenario exclusivamente con "mejor diseño"?
De ser aprobadas, las reformas estructurales no pasarán directamente por el diseño arquitectónico, pero probablemente sí por mejores herramientas y mecanismos de gobernabilidad y planificación urbana que influirán a lo que se diseñará, construirá y premiará en los próximos años (si es que es congruente con lo que la calle grita, aunque históricamente lleguemos tarde a las transformaciones), pero nuestra formación disciplinaria en pregrado no nos equipa con las herramientas suficientes para intervenir en este preciso momento.
¿Cuántos arquitectas y arquitectos trabajan en el Estado?, ¿cuántas participan en el diseño de políticas públicas?, ¿cuántas organizaciones no gubernamentales cuentan con arquitectas especializadas en espacio urbano?, ¿cuántos arquitectos son escuchados por medios masivos? ¿cuántos arquitectas han participado en debates televisados estos días?, ¿cuántas columnas de opinión escritas por arquitectos hemos leído estas semanas?
Debemos entender que el diseño por sí solo —la necesidad de construir un edificio— no es suficiente para zanjar un estallido social. Es irreal y sobredimensiona lo que la arquitectura puede conseguir, precisamente por discursos monofocales donde nuestra disciplina cree solucionar todos los problemas de la sociedad. Ser arquitecta o arquitecto es poseer un pensamiento metodológico y un set de herramientas que estamos desperdiciando por el hecho de creer que edificar y construir es nuestra única respuesta.
Que este estallido social también nos haga tomar consciencia sobre todo esto.
